Cuando se aprobó la Agenda 2030 en 2015, una pregunta candente era: ¿quedará en el papel? ¿Qué debemos hacer para asegurarnos de que las metas que establecemos para la comunidad internacional se implementen en cada país a nivel nacional y en cada nivel de gobierno dentro del país? Finalmente, los países decidieron que presentarían revisiones voluntarias como un medio de rendición de cuentas a la comunidad internacional y, naturalmente, a las personas a las que sirven dentro de su propio país.
España presentó su segunda Revisión Nacional Voluntaria al Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de 2021, que cubre el período 2018-2020 desde su primer ENV.
El Informe se dividió en dos partes. La primera parte informó sobre las acciones tomadas para: avanzar en la reducción de la pobreza, acceder a alimentos saludables, obtener servicios de salud de calidad y bienestar general, brindar trabajo decente para todos, abordar las desigualdades existentes, fomentar el consumo y la producción responsables, abordar la crisis climática, como sociedad pacífica basada en el estado de derecho con instituciones sólidas y gobernanza transparente y, finalmente, colaborar en muchos niveles para crear un mundo más sostenible: los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16, 17.
Se tomaron acciones para proteger a la población durante COVID y brindar respuestas efectivas para abordar las crisis de empleo, salud, vivienda / alquiler y educación, y las necesidades alimentarias. En cuanto al trabajo en curso de gobernanza, se tomaron una serie de pasos significativos con nueva legislación y estrategias para abordar: la crisis climática, las condiciones de trabajo y el salario mínimo, la protección de los menores inmigrantes que llegan solos, la educación inclusiva y la protección de los niños.
La Parte 2 del Informe presenta la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (EDS) recientemente aprobada, que detalla los niveles de implementación, revisión y rendición de cuentas de los gobiernos central y regional. Uno de los retos a los que se enfrentan el gobierno español, y todos los gobiernos, es lograr que la legislación y las estrategias a nivel nacional se conviertan en acciones concertadas en el futuro con las autoridades locales para garantizar que se llegue a toda la población. En el caso de España, además del gobierno central, las comunidades autónomas necesitan traducir los acuerdos internacionales y las directivas nacionales para su región. Durante la presentación en Naciones Unidas, otros países destacaron con asombro la forma en que el país ha abordado este enorme desafío.
Si bien el informe mencionó cientos de medidas tomadas para avanzar en cada una de las áreas pertenecientes a los ODS, no incluyó datos para respaldar el nivel de implementación, éxito o desafíos. Como afirmó el anterior Relator Especial sobre la extrema pobreza, Philip Alston, en 2019, España tiene cientos de planes de acción en papel, ¡pero no muchos sobre los resultados!
Las estructuras económicas y las estrategias sociales subyacentes no están mejorando de manera efectiva los focos de pobreza extrema; el acceso a la educación es desigual y los servicios sociales son difíciles de navegar. Estos necesitan una respuesta total del gobierno a todos los niveles.
El grupo más vulnerable y marginado, invisible en el Informe y encarcelado en realidad, es el de la población inmigrante indocumentada del país. Este grupo no está contemplado en ningún acuerdo internacional. Algo en lo que pensar y actuar, si aún no lo hemos hecho.
Autor: Cecilia O & #8217; Dwyer IBVM
